Rue20 Español / Antofagasta (Chile)
Francisco Javier Villegas
En Chile existen 18 universidades estatales que promueven la creación, transmisión y permanencia del conocimiento alcanzado por la sociedad a través del tiempo, mediante la docencia, investigación y extensión.
Por esta razón, actualmente, esas universidades nacen comprometidas con la búsqueda de la verdad en un marco de pluralismo y tolerancia y asumen su quehacer con el desarrollo nacional y regional en pos de la ciencia básica y la investigación.
Sin embargo, también existe una segunda mirada respecto de ese quehacer puesto que dichas instituciones no dejan ver el sol de la participación laboral, en su interior.
En particular, las mujeres, los profesionales jóvenes o los trabajadores que esperan esa oportunidad que nunca llega, observan, de manera permanente, que son otras personas las que ocupan cargos, puestos y grados.
Más, todavía, en estos tiempos en que se pone en tela de juicio, en todo el mundo, las relaciones de poder.
En estos días, de junio de 2021, lo que sucede en Chile, con tantos problemas sociales, políticos y sanitarios, es que su territorio se teje con una serie de aspectos que van dando rabia y dolor.
Algo, por cierto, que no se ha detenido en todo el territorio. Y las universidades del Estado, esas instituciones de gran conocimiento en la formación de personas, algunas con el peso de la tradición histórica nacional se encuentran trabajando, desde hace algunos meses, en una reforma de sus estatutos o de sus reglamentos normativos para funcionar.
Pero, lo que ocurre, en Chile, es que existe una alta precariedad laboral en sus universidades, donde siempre han aparecido preguntas sin respuestas tales como, ¿por qué no existe una verdadera participación de los trabajadores en el gobierno de las universidades? ¿por qué razón los funcionarios y funcionarias no son tomados en cuenta como corresponde? ¿por qué la educación en Chile es solo un dogma jurídico que le conviene a unos pocos? ¿cuál es la verdadera política del Estado en educación superior?
Desde un punto de vista directo, hoy somos herederos de un modelo de universidad neoliberal occidental en que el mercado se asume como el propio mecanismo del control y del poder, del conocimiento y de los financiamientos y donde la racionalidad científica y tecnócrata se ha adueñado de una estructura donde todo se explica de manera abstracta.
Solo una pregunta: ¿qué significa que la investigación en Chile, orientada a los problemas del país, sea vista con indicadores y rankings de productividad internacional siendo que ninguna de nuestras universidades cabe entre las doscientas mejores del mundo?
Un dato de contexto: hoy los trabajadores universitarios en Chile se comenzaron a dar cuenta de que hay gente en las universidades que se quieren apropiar de todo: del servicio educativo, de los cargos, de la investigación, de la gestión, y hasta de las ideas e interpretaciones jurídicas y políticas.
Y, todavía más: que de los estudiantes y de los trabajadores no se diga nada، nada más porque en la práctica de gestión no se los consideran ni siquiera para una votación puesto que el asunto es “pequeña libertad de movimiento, dentro de la jaula; usted puede escuchar, pero no resolver”.
Por esa razón, en Chile, actualmente, hay un cerrojo para la participación, entre idas y venidas muy menores de alguna integración periférica hacia los funcionarios y funcionarias, porque lo que se realiza no es más que una madeja bien urdida jurídicamente o bien, como suele pasar en el país, las cosas se hacen solo para beneficio de unos pocos.
Estas ideas, por supuesto, tienen sus botones de muestra.
El Banco Mundial, del cual se hace eco nuestro Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación, desde hace décadas, ha empujado a los gobiernos con el discurso del impacto de la educación, la importancia de “la sociedad del conocimiento” y los artilugios de las distintas fases de la globalización.
Sin embargo, nada dicen respecto de fomentar la participación de los trabajadores, de relevar el impacto cuando se participa en comunidades laborales o de la importancia de la reflexión y el debate en los lugares de trabajo asumiendo los diversos aportes de una multiplicidad de personas con distintos conocimientos.
Más todavía en una institución que tiene que estar abierta a todo tipo de conocimiento.
Sin persecución, sin sesgos y sin discriminación como les ha ocurrido, penosamente, a muchos trabajadores y trabajadoras en las distintas universidades estatales.
Esta dinámica de las instituciones de educación superior del Estado, con la perspectiva del tiempo, en que está comprometida, también, la fe pública, debe justamente ser asumida a cabalidad y no con explicaciones ingenuas o superfluas o con documentos apurados.
Se dice, por parte de muchas autoridades, incluyendo a los rectores, que una socialización es igual a una participación y que ir a escuchar reuniones es similar a tener representatividad completa.
Enfrentarse a eso es asumir un enclave lingüístico que no es más que distorsión y asimetría porque obedece a una concepción sesgada.
En este contexto, muchas cosas deben transparentarse, porque en las universidades estatales chilenas hay variados intereses.
Unos tienen pesos específicos y otros proceden desde la propia hegemonía de parte de los que detentan el poder en la “academia”.
Es decir, de aquellos que por la confianza asumen los cargos de gestión más los que son votados en una elección de cargo superior.
Ya conviene recordar, entonces, que, en el marco de debate, a lo menos, se deben tener en cuenta tres aspectos: la gobernanza o el gobierno participativo abierto y sin exclusiones de todos y todas; las funciones de las universidades lo que indica, también, los intereses a quiénes sirve; y quién paga o quién soporta el financiamiento.
Todos estos temas que se esperaban discutir con argumentos en la reforma de las constituciones de las universidades no se han podido realizar por las condiciones de pandemia que tenemos como país, así como por la resistencia interna de grupos de académicos que ven con una parsimonia y comodidad el actual sistema de educación superior.
La idea, en muchas casas de estudios superiores, parece que es mantener el actual estado de cosas, que viene, además, de hace 40 años atrás, cambiando con un rápido maquillaje sus propios documentos para mantener, por otros treinta o cuarenta años, la misma adhesión e ideas conservadoras acerca de lo que significa una universidad pública.
Al parecer, en muchas universidades del Estado de Chile, se funciona con la miopía de la calculadora, que no tiene nada de científico, y con el afán de mantener las cosas puesto que la gobernanza universitaria, de acuerdo a lo que se observa, es mantener el sector de privilegios, desarrollando relaciones con las altas cúpulas en distintas áreas; pero, sin conectar con un proceso público y participativo acerca de lo que significa hacer universidad.
Observado así, entonces, las universidades estatales chilenas, parece, que sacan a la luz todas las capacidades incluidas, pero, también, las incapacidades.
Chile vive un proceso de reflexión y de reclamo justo donde el principio fundamental de la ciudadanía, así como de los funcionarios en las universidades estatales, es movilizarse, organizarse y asumir el reclamo de la igualdad como un ejercicio permanente porque tenemos, a las claras, una crisis de legitimidad en estos procesos estatutarios.
Una vida decente, nos recuerda Lovera, citando a Fabre, es aquella que permite a las personas gozar de autonomía para poder decidir por ellas mismas qué piensan respecto a una determinada cuestión y, también, por supuesto, a poder cambiarlas.
– Doctor en Didáctica de las Letras, las Artes y las Humanidades, Universitat de Barcelona, Escritor y profesor, Chile